«La IA tiene sed: centros de datos, agua y sequía en la España que Amazon eligió». Es un post elaborado por Joaquín Gonzalo de La Puente, estudiante de Impacto Ambiental del Grado en Transporte y Logística para publicar en el Blog del Grado en Transporte y Logística UCJC
Cuando Amazon, Meta o Microsoft anuncian que van a instalar grandes centros de datos en España. La noticia se cuenta casi siempre desde el ángulo económico: inversión, empleo, posicionamiento tecnológico.
Lo que aparece mucho menos, y que desde el punto de vista ambiental es igual de relevante o más, es cuánta agua van a consumir esas instalaciones en un país que lleva años con problemas estructurales de escasez hídrica.
Un centro de datos no es solo electricidad. Los servidores generan calor de forma continua y necesitan refrigeración constante para no degradarse. La opción más barata y extendida es la refrigeración evaporativa: se hace pasar agua por los sistemas de enfriamiento, parte de esa agua se evapora, y el calor se disipa. Efectivo y económico, pero con un coste en agua que no es trivial. Un centro de datos mediano consume tanta agua como tres hospitales o dos campos de golf.
El futuro centro de Meta en Talavera de la Reina, según la documentación del proyecto, necesitará 665 millones de litros al año.
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En situaciones de calor máximo, ese sistema requiere unos 195 litros por segundo para mantener la temperatura de los componentes.
El problema no es solo la cantidad. Es dónde. Aragón, que es una de las regiones donde Amazon ha apostado más fuerte con tres grandes centros de datos con una capacidad conjunta proyectada de 300 MW, es también una de las comunidades con mayor riesgo de desertificación de la Península. En julio, el consumo de agua de esos centros equivaldría al de una ciudad de 95.000 habitantes. Y esto en una región donde en los últimos años decenas de miles de hectáreas de cultivo no han podido regarse por falta de recursos hídricos.
La coincidencia entre la expansión de centros de datos y la crisis del agua en España no es una casualidad: el menor coste del suelo, la energía más barata que en el norte de Europa, y la resistencia social creciente en países como Irlanda o los Países Bajos han dirigido la expansión de estas infraestructuras hacia el sur.
Desde el punto de vista de la evaluación de impacto ambiental, el caso de los centros de datos en España presenta algunas particularidades interesantes. Primero, la dificultad de cuantificar el consumo real. Ni el Ministerio de Transición Ecológica ni las propias empresas han publicado datos consolidados sobre el agua que consumen actualmente todos los centros de datos instalados en el país. Los datos existen de forma fragmentada en los informes de impacto ambiental de cada proyecto, pero no hay un registro centralizado que permita evaluar el impacto acumulado sobre las cuencas hidrográficas afectadas. Segundo, la velocidad de implantación. Estos proyectos se aprueban en plazos relativamente cortos bajo presión económica, mientras que los efectos sobre los acuíferos y los caudales de los ríos son procesos más lentos que no siempre se detectan en el período de seguimiento del estudio de impacto.
Las empresas argumentan que están mejorando su eficiencia hídrica. Amazon ha declarado que tiene 37 parques solares y eólicos en marcha o en construcción en España que compensan el consumo energético de sus centros.
Meta afirma que el proyecto de Talavera utilizará un sistema de refrigeración de aire seco con consumo de agua mínimo. Algunas de estas declaraciones son verificables en parte a través de los informes de impacto ambiental aprobados, pero otras son compromisos futuros que dependen de cómo se operen finalmente las instalaciones.
Lo que sí está claro es que el modelo de evaluación de impacto ambiental actual no estaba pensado para proyectos de esta escala y velocidad de despliegue. Los estudios de impacto se hacen proyecto a proyecto, sin una visión de conjunto que permita evaluar qué pasa cuando en una misma cuenca hidrográfica se aprueban cinco o seis instalaciones de este tipo en pocos años.
Es el problema clásico de los impactos acumulativos, que en teoría deben evaluarse pero que en la práctica se quedan frecuentemente en un análisis superficial.
La paradoja es llamativa: la inteligencia artificial que promete ayudar a predecir sequías, optimizar el riego agrícola y gestionar mejor los recursos hídricos necesita, para funcionar, enormes cantidades del mismo recurso que dice ayudar a conservar. Eso no es un argumento para paralizar los proyectos, pero sí para exigir que los estudios de impacto ambiental sean más rigurosos, que los datos de consumo sean públicos y comparables, y que la planificación territorial tenga en cuenta el estrés hídrico de cada zona antes de aprobar nuevas instalaciones.