La música es uno de los sectores de la cultura que más millones de dólares mueve anualmente en concepto de royalties, música en directo, streaming y licencias audiovisuales. Y, sin embargo, el colectivo de compositores está tradicionalmente fragmentado por falta de una voz unitaria, que unifique y matice las pretensiones de uno de los agentes con más peso en el PIB cultural.
Demasiados intereses económicos, inercias institucionales y presiones cruzadas dentro de la propia industria, como para encontrar un objetivo común que ponga de acuerdo a miles de compositores de los estilos y perfiles profesionales más variados.
Pero ¿qué pasaría si los compositores contaran con un Colegio Profesional como el que regula a arquitectos, médicos o abogados, capaz de ofrecer beneficios tangibles para la profesión musical? ¿Qué pasaría si una institución ofreciera visado de contratos, tarifas mínimas, asesoría jurídica, representación institucional y, sobre todo, protección frente al intrusismo?
En un artículo publicado en Confilegal, analizo los pros y contras de crear una corporación de derecho público para el colectivo de compositores. Comienzo explicando qué es un colegio profesional según el ordenamiento jurídico español y cuáles serían sus beneficios tangibles para la profesión musical. Además, expongo los importantes límites legales que introduce la Ley Ómnibus de 2009, y las instituciones alternativas que ya funcionan en otros países.
El texto concluye con una crítica al modelo decimonónico de colegio profesional, y un firme alegato final: no se trata de repartir carnés, sino de dotar a los compositores de una herramienta real para defender su dignidad y negociar en igualdad de condiciones frente a las grandes plataformas tecnológicas.
Puede ampliar la información en el artículo publicado en Confilegal: https://confilegal.com/20251201-opinion-colegio-profesional-de-compositores-la-utopia-del-autor/
Carlos Duque Olmedo