Prof. Dr. Rolando Oscar Grimaldo Santamaría
La seguridad se ha convertido a partir de los años 80 en una aspiración central para los individuos y colectividades, dado el papel crucial que desempeña para el adecuado desarrollo y realización de las personas y, por consiguiente, de la sociedad en su conjunto (López, 2005). En este sentido, es importante aclarar desde el inicio de este artículo que la seguridad es un concepto sumamente amplio, en la medida que puede referenciar múltiples formas de seguridad (sanitaria, social, informática, etc.), todas ellas válidas y de interés en el escenario particular o colectivo del individuo. En esta ocasión se anexará el adjetivo ciudadana al concepto de seguridad, con la finalidad de acotar nuestro ámbito de estudio a la relación existente entre las personas y un determinado tipo de amenaza: el delito (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2009-2010). Lo anterior implicaría que la seguridad ciudadana enfocaría su atención, entre otros aspectos, en las amenazas o daños de tipo delictual que pudiera sufrir el ciudadano; definiéndose de esta manera como “la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros” (PNUD, 2005).
Una vez aclarado el concepto de seguridad ciudadana en un sentido amplio, es decir, clarificando la particularidad de su objeto de interés frente a otros tipos de inseguridades, resulta interesante profundizar en la composición interna del término. Así, el tema de la seguridad ciudadana, según Jaume Curbet, requiere de una distinción previa entre la probabilidad estadística que tienen las personas de ser víctima de un delito (riesgo real), el temor a ser víctima de un delito (riesgo percibido), y la solicitud de los ciudadanos de contar con servicios que ofrezcan protección (demanda de seguridad). Es por ello que el fenómeno social de la seguridad ciudadana presenta dos grandes enclaves: la dimensión subjetiva o riesgo percibido y la dimensión objetiva o riesgo real; y, aunque la literatura especializada revela cierto grado de interrelación entre ellas, no dejan en lo particular de presentar configuraciones y proporciones distintas al momento de influir en la demanda de seguridad.
Curbet (2007) realiza un profundo análisis de estas dos dimensiones en su afán de conceptualizarlas de la forma más clara posible. En consecuencia, por un lado, la dimensión objetiva del fenómeno de la inseguridad ciudadana se fundamenta en “la probabilidad estadística (medida, básicamente, a través de las encuestas de victimización) que tienen las personas de ser víctima de alguno o varios tipos de delito”. Esta probabilidad estadística o riesgo real revela la existencia de una exposición al peligro (o vulnerabilidad), la cual en muchos casos no suele corresponderse con el temor delictual (basado en el riesgo percibido). Por otro lado, la dimensión subjetiva se caracteriza por el temor al delito (el riesgo percibido), el cual puede presentarse a través de una “relación razonable entre el miedo que experimenta el ciudadano y su nivel de exposición cierta y directa a diversas formas concretas de agresión delictiva” o, simplemente, aparecer como un “miedo difuso a la delincuencia que no necesariamente tiene que corresponderse con el riesgo real al que se encuentra expuesto el ciudadano”.
Como se ha dejado indicado en una de las líneas anteriores, una herramienta bastante útil con miras a profundizar en la comprensión de la actividad delictual, en sus ambas dimensiones, así como los efectos colaterales que genera el crimen es la encuesta de victimización. Este instrumento, que se enfoca en la medición de la fluctuación delictual, puede ser particularmente valioso al consultar directamente a las personas de la comunidad sobre sus experiencias con la delincuencia. De este modo, la encuesta de victimización permitirá, tomando en consideración el contexto donde se aplique, identificar un número plural de víctimas o acciones delictivas que las estadísticas oficiales no pueden recabar por diversos motivos, algunos de los cuales serán indicados más adelante. Dicho de otra forma, la encuesta de victimización puede expandir la información que en algunas ocasiones se encuentra recogida parcialmente en las estadísticas oficiales. Además, puede desvelar una gama de delitos que, por diferentes causas, son menos denunciados o registrados por los estamentos de seguridad del Estado o, por el contrario, facilitar información sobre la naturaleza de dichos delitos y las percepciones de los entrevistados, así como diversas características socio-demográficas que ayudan a evaluar a las poblaciones en riesgo (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [ONUDD], 2010)
Sin embargo, las encuestas de victimización también desvelan ciertas restricciones metodológicas. Éstas no pueden ofrecer una medida definitiva del número total de acciones delictivas que ocurren en una región determinada, básicamente por dos aspectos en concreto: 1) la subdenuncia del delito experimentada por la víctima ante el entrevistador y 2) la encuesta únicamente puede identificar incidentes penales en los que existe una víctima identificable (ONUDD, 2010). Otros aspectos que merman la efectividad de las encuestas de victimización son el subconteo de delitos sensibles (por ejemplo, agresión sexual), la capacidad de las personas de poder recordar las victimizaciones pasadas y la necesidad de muestras extremadamente grandes para caracterizar con precisión aquellos delitos que no son prevalentes.
La encuesta de victimización como metodología fue desarrollada de manera bastante tardía, formando parte de esta manera del crecimiento general de los métodos positivistas y cuantitativos en las ciencias sociales; proceso íntimamente relacionado con las modernas formas de gobierno destinadas a comprender la población y su entorno. La aparición de la encuesta de victimización fue el producto de las limitaciones evidenciadas por los métodos y fuentes de la época, debido principalmente a que los primeros trabajos criminológicos se enfocaban en el estudio de los delincuentes, para comprender mejor sus motivaciones y las causas de sus actuaciones, pero desatendiendo el estudio de la víctima. No sería hasta la década de 1960 que los criminólogos comenzarían a comprender las debilidades de las fuentes administrativas y buscarían métodos alternativos que pudieran ofrecer una descripción más detallada e informativa de los problemas delictuales. Así, las primeras encuestas de victimización se realizaron en las décadas de 1960 y 1970, y estaban diseñadas para examinar lo que se acabo llamando “cifra oscura” del delito, siendo estas encuestas aplicadas principalmente a pequeña escala y de modo experimental (ONUDD, 2010). Las peculiaridades anteriores permitieron que este instrumento se convirtiera rápidamente en una nueva alternativa para ofrecer evidencia (sustento empírico) que facilitara el desarrollo de nuevas intervenciones orientadas a fortalecer las futuras políticas públicas de seguridad.
Probablemente la innovación más importante e influyente con respecto a las encuestas de victimización fue el lanzamiento en 1972 de la Encuesta Nacional Sobre Delito en Estados Unidos, desarrollada a partir del trabajo realizado por el Centro Nacional de Investigación de la Opinión y la Comisión Presidencial sobre el cumplimiento de la ley y la administración de justicia (Aebi y Linde, 2009). En el Reino Unido, la primera encuesta social gubernamental relacionada con el delito también fue desarrollada en 1972 por Durrant, Thomas y Willcock (“Delito, delincuentes y la ley”) tras un rápido y significativo ascenso en el estudio de la Criminología en la década anterior (ONUDD, 2010). Con referencia a la realidad nacional, España ha participado en la Encuesta Internacional a Víctimas del Delito (ICVS, siglas en inglés) en 1989 y 2005 (EU ICS), así como en los Eurobarómetros dedicados a esta temática en 1996, 2000 y 2002. Además, Gondra Bustinza (2008) identifica ocho encuestas de victimización conducidas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de las cuales seis fueron efectuadas a escala nacional (1978, 1980, 1991 y 1995), una en Madrid en 1980, y otra, en 1982, con una muestra de varias ciudades. Asimismo, el CIS, en 1987, realizó un estudio sobre terrorismo y seguridad ciudadana. El barómetro realizado periódicamente por el CIS no puede ser considerado como una encuesta de victimización, puesto que incluye únicamente algunas preguntas sobre preocupaciones de los ciudadanos, entre las cuales se incluye frecuentemente la delincuencia.
Tabla N°1. Encuestas de victimización conducidas por el CIS
Por otra parte, el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología ha realizado una encuesta nacional de victimización en 2009 (Diez Ripollés y García España, 2010) y, desde 1994, diversas encuestas a nivel regional en la Comunidad Autónoma de Andalucía (García España et al., 2007 y 2008). En todos los casos se utilizaron las sucesivas versiones del cuestionario de ICVS, adaptándolas al caso español. A nivel subregional, se llevaron a cabo encuestas en la ciudad de Málaga en 1994 y 2005, así como en las ciudades de Córdoba, Huelva y Sevilla en 2006, y en Almería, Cádiz, Granada y Jaén en 2007. También, en 2003, se realizó una encuesta en la ciudad de Sevilla que permanece inédita (García España et al, 2007). Además, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha participado en el ICVS (en 1996 y 2000), en el estudio piloto del modulo de encuesta de victimización de la UE (en 2009) y desde 1999, esta Comunidad Autónoma realiza anualmente la Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña con una muestra representativa a nivel autonómico (Generalitat de Catalunya, 2002).
Los aspectos tratados en líneas anteriores son un claro ejemplo del protagonismo que ha ganado la encuesta de victimización en el ámbito académico español; no obstante, es necesario seguir matizando el valor de sus aportaciones y buscar el reforzamiento de una metodología estandarizada, pero a la vez flexible, de construcción y aplicación. Una de las principales vías para lograr este objetivo es la apertura de líneas de investigación que se dediquen plenamente al estudio de la encuesta de victimización y su entramado.
Referencia:
- Aebi, M. y Linde, A. (2009). Review of the current situation in respect of the collection of survey data on victimisation. Report. Lausanne: Uni-versité de Lausanne.
- Curbet, J. (2007). Inseguridad ciudadana: Víctima y chivos espiatorios. Barcelona:UBC.
- Durant, M., Thomas, M. y Willcock, H. (1972). Crime, Criminals and the Law. Londres.
- García España, E., Jiménez, F., Jiménez, M. (2007). La delincuencia en Córdoba, Huelva y Sevilla. Una encuesta de victimización. Edit. Cajasol Obra social y el IAIC. Málaga.
- García España, E., Jiménez, F., Jiménez, M. (2008). La delincuencia en las capitales andaluzas. Encuestas de victimización en Andalucía. IAIC-Fundación Cajasol.
- Generalitat de Catalunya (2002). Encuesta de seguridad pública de Cataluña.
- Gondra Bustinza, J. (2008). Los sentimientos de inseguridad y miedo: El origen de una noción. Revista Catalana de Seguretat Publica 18: 93-104.
- Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (2010). Manual de Encuesta de Victimización.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2005). Informe sobre el Desarrollo Humano.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009-2010). Informe sobre Desarrollo Humano para América Central. Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano.
- García España, E., Díez Ripollés, J., Jiménez, F., Jiménez, M. y Domínguez, A. (2010). Evolución de la delincuencia en España: Análisis longitudinal con encuestas de victimización. Revista Española de Investigación en Criminología. 8 (2).