Fdo.:Profesor Luis Jimenez, Departamento de Criminología
INTRODUCCIÓN
El fenómeno del uso y abuso de armas de fuego en los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) hunde sus raíces en la historia misma de ese país. Lo que hoy en día se considera una situación que ha desbordado a todos los gobiernos (tanto a nivel estatal como federal).
La gran mayoría de sus ciudadanos (esa “silent majority” que se refiere al ciudadano medio que queda fuera del radar de los titulares en los medios de comunicación) ha visto cómo los episodios de asesinatos se suceden unos tras otros a través de los años y la situación del control de armas de fuego sigue siendo incontrolable.
Cada vez que sucede un atentado contra sus líderes políticos (empezando con el asesinato de los hermanos Kennedy, el presidente John Fitzgerald y el Fiscal General y candidato presidencial Robert “Bobby”; el gobernador del estado de Alabama George Wallace; la congresista por el estado de Arizona, Gabrielle Gifford, etc.) así como los religiosos (los ministros negros, el Rev. Martin Luther King y el Rev. Malcom “X”); las decenas de estudiantes universitarios y de “high schools” o institutos de secundaria matados con rifles de fuego automático, los miles de dependientes de tiendas y establecimientos que han sufrido atracos con todo tipo de armas de fuego; los niños y familias inocentes que han sido alcanzados por balas de pistolas ametralladoras mientras paseaban o jugaban delante de sus casas en los barrios más desfavorecidos; las bajas causadas por peleas entre pandillas, y un largo etcétera. La lista es toda una hemorragia incontrolable.
Cada vez que alguien es asesinado o sucede una matanza el angustiado pueblo americano se vuelca en manifestaciones y los periódicos se llenan de titulares y editoriales clamando al cielo por un mayor control de las armas de fuegos. Los políticos, empezando por el presidente de turno, comparecen en los programas de televisión y en todos los púlpitos posibles para prometer que hay que tomar cartas y hacer algo. Que “esta vez sí se hará en serio”. Al poco tiempo de la alarma social y el revuelo mediático se producen débiles intentos para aprobar leyes que por fin pongan fin a la sangrienta epidemia.
Sin embargo, esto no llega a suceder. Para entender mejor el fracaso hay que empezar por repasar la historia y cómo ésta condicionó el desarrollo de las garantías constitucionales.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La guerra de independencia de las colonias británicas culmina un proceso de hartazgo por parte de los ciudadanos de las colonias a raíz de los excesos de poder y abusos por la Corona inglesa.
Los ciudadanos se quejaban de las subidas de impuestos y otros abusos como la orden de que los militares ingleses, los famosos “casacas rojas”, tenían el derecho de ser alojados en las casas de los ciudadanos, sin ninguna contrapartida económica.
Pero lo peor llegó cuando se limitó a los representantes de las colonias americanas al Parlamento inglés a una representación simbólica, ya que no tenían ni voz ni voto en las deliberaciones y votaciones de las leyes. Esta situación terminó siendo insoportable, y los ciudadanos se rebelaron contra el rey Jorge, abordando a los barcos que traían el té a la bahía de Boston, y echando el cargamento por la borda al grito de “No taxation without representation!” (No impuestos sin representación). Ese fue el original Boston Tea Party y el desencadenante de la guerra contra la corona inglesa para obtener la independencia.
Ante el poderío del ejército británico, los americanos tuvieron que desarrollar una guerra de guerrilla, que los casacas rojas no estaban acostumbrados a luchar. Ellos marchaban y luchaban en filas ordenadas, mientras los americanos se escondían detrás de árboles y les tendían emboscadas. El hecho de que los británicos vistieran unos chalecos rojos sirvieron a los americanos para hacer de aquellos un fácil blanco, y que los disparos de sus armas (muchas de ellas suministradas por Francia) compensaran la evidente superioridad de la potencia de fuego británica.
LA CONSTITUCIÓN Y LA GARANTÍA DE PORTAR ARMAS
Una vez ganada la guerra de independencia, el general George Washington, comandante-en-jefe del ejército del Potomac, fue elegido primer presidente de manera unánime por el congreso constituyente.
En la redacción de la Constitución, los padres de la nueva patria americana fueron muy conscientes del papel de la guerra de guerrilla que les había dado la victoria, y consagraron “el derecho del pueblo de formar una milicia y poder portar armas” para poder defenderse contra los abusos del poder y la tiranía de los gobernantes.
Así vemos cómo en el texto del “Bill of Rights” (carta de derechos), los primeros 10 artículos después del preámbulo de la Constitución ya se incluye ese derecho como uno de los más valorados por el pueblo.
La segunda enmienda a la Constitución americana protege el derecho del pueblo a “tener y portar armas” (right to keep and bear arms), basándose en la ley común inglesa (English Bill of Rights de 1689).
En 1791 el tribunal constitucional (Supreme Court of the United States) decidió que ese derecho pertenece a las personas, pero también que no es ilimitado ni prohíbe todos los supuestos de regulación de armas de fuego. Además, extendió esa limitación a los gobiernos locales y estatales (las 13 colonias británicas se convirtieron en los primeros 13 estados americanos).
Sin embargo, en 1876 el tribunal máximo decidió que “el derecho a portar armas no lo otorga la Constitución, ni depende de ese instrumento para su existencia”. Más adelante, en 1939 el tribunal acordó que tanto el gobierno federal como los estatales podían limitar el tipo de armas que no guardasen “una relación razonable a la conservación o eficacia de una milicia bien regulada”.
La segunda enmienda se ha debatido mucho desde entonces, y en 2008, el alto tribunal en una decisión histórica, decidió que la enmienda “protege el derecho de un individuo a poseer y portar armas”. Por último, en 2010 el mismo tribunal ordenó que el impacto de la enmienda se limitaba a una restricción sobre el gobierno federal.
A pesar de estas decisiones, el debate continúa abierto por parte de diferentes organizaciones sobre lo que significa el control de armas en relación con los derechos de los ciudadanos a portar armas.
RETOS PARA ENMENDAR LA CONSTITUCIÓN
Mientras tanto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cuesta tanto limitar ese derecho a las armas de fuego? ¿Por qué no actúa el Congreso americano?
El problema es que lo que un principio, en tiempos de la guerra de independencia americana, el derecho de portar armas tenía que ver con viejas carabinas y mosquetones, la industria armamentística ha evolucionado de tal manera que ahora tenemos todo tipo de potentes armas, desde las de repetición, rifles automáticos, revólveres sofisticados, ametralladoras y balas de última generación y potencia, hasta rifles lanza-granadas y demás armas de uso militar, que se venden fácilmente a casi cualquiera que tenga un carné de conducir y dos pies para entrar en una armería.
Durante mucho tiempo, desde los días de Al Capone, las pandillas (la palabra “gánster” viene de “gang” — pandilla) y más tarde el crimen organizado y la mafia americana, los delincuentes empezaron a tener acceso a mejores y más potentes armas –y coches mucho más veloces– que los de la policía local y estatal. En realidad, no fue hasta la creación del Federal Bureau of Investigation (FBI), bajo la dirección de J. Edgar Hoover, que la policía federal empezó a estar tan bien armada y motorizada como los gánsters, y se logró equiparar las reglas de juego.
No obstante, hoy se calcula que hay tantas armas en EEUU como hay hombres, mujeres y niños. O sea, aproximadamente unos 300 millones. Esto ha hecho que sea prácticamente imposible controlar la tenencia de armas, porque además las leyes americanas dan prioridad a los derechos estatales, y eso significa que hay 50 jurisdicciones, tanto como hay estados.
Pero, y la Constitución, ¿por qué no se modifica? Ese es parte del problema, y quizá el más difícil de resolver. Se trata de los mecanismos que la misma Constitución prevé para garantizar que los cambios que se hagan no sean fruto del capricho o tomadas “en caliente”, ni respondan a modas pasajeras.
El proceso de ratificación de enmiendas constitucionales es sumamente complejo y cualquier cambio necesita un recorrido largo y tortuoso. Hay que saber que la autoridad para modificar la Constitución parte del Artículo 5 de la misma. Este es un resumen del proceso a seguir:
- La enmienda se propone por una mayoría cualificada (de 2/3 de los votantes) in ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, o por una convención constituyente convocada por las dos terceras partes de las legislaturas estatales. A día de hoy, ninguna de las 27 enmiendas se ha propuesto por la vía de una convención constituyente. Es el Congreso que propone una resolución conjunta, que no pasa al Presidente sino al Archivista del Registro Federal.
- El Archivista se encargaría de enviar la propuesta a los gobernadores de los estados, quienes tienen el deber de presentar la propuesta a sus respectivos Congresos.
- Una vez ratificado por las legislaturas estatales, se devuelven las mismas al Archivista. La propuesta de enmienda formalmente se convierte en parte de la Constitución tan pronto como sea ratificada por las tres cuartas partes de los estados (38 de los 50 estados).
- El Archivista se encarga de su publicación en el Federal Register (equivalente al Boletín Oficial del Estado en España), lo que lo convierte en Enmienda. No obstante, la ceremonia suele incluir dignatarios como el Presidente Johnson, quien como testigo firmó las certificaciones de las Enmiendas 24 y 25. También lo hizo el Presidente Nixon con la Enmienda 26.
FACTORES INFLUYENTES
Lobbies: Hay que tener en cuenta el enorme poder de los grupos de presión (“lobbies”), como el de la American Rifle Association (A.R.A.), los fabricantes de armas (Colt, Winchester, etc.), las armerías, asociaciones de cazadores, grupos cívicos, incluso los Boy Scouts (que enseñan a disparar y dan una insignia a los que aprueban para que pongan en sus uniformes). Los grupos de presión son muchos y muy potentes, están muy bien organizados, tienen mucho dinero, y contribuyen con sus aportaciones a los cofres de las campañas de los candidatos, congresistas y del partido republicano en particular.
Oposición política:
El ala conservadora del Partido Republicano siempre se ha alineado con los que no quieren que el gobierno federal imponga leyes a los ciudadanos. Esta doctrina viene de la “laissez-faire” francesa, y de tiempos de la constitución. El debate se centra en el equilibrio entre los partidarios de un gobierno federal fuerte e “intervencionista” y los que piensan que el poder federal debe ser menor, y en su lugar darle más poderes a los estados.
Además, esta dinámica favorece a los que promueven los derechos de los estados (States’ rights), que también se oponen a cualquier intento por parte del gobierno federal de aprobar leyes que les dicten lo que pueden o no pueden hacer (ver abajo).
El papel de los estados sureños tradicionales (“The Old South”)
Esta postura histórica por parte de los estados sureños está relacionada con la reivindicación de los perdedores de la Guerra Civil americana. Desgraciadamente, la mentalidad que quedó después de haber perdido la contienda todavía sigue calando en una parte significativa de la población (sobre todo la blanca de áreas rurales), que rechaza al gobierno federal (los del Norte), y ven cualquier intento de aprobar leyes como una ofensa a su autoctonía y dignidad.
Grupúsculos (extrema derecha, neo-nazis, KKK, separatistas, etc.)
También se encuentran esos grupúsculos radicales, en su mayoría pertenecientes a la extrema derecha, de ideología independentista y separatista. Aunque pequeños en tamaño, son muy radicales y algunos están muy bien asesorados y financiados, lo que les hace potencialmente peligrosos, sobre todo por las acciones terroristas.
CONCLUSIONES
Como hemos podido ver, las razones por la cual el gobierno de los Estados Unidos no ha podido controlar el problema de las armas de fuego y la violencia es muy complejo y se debe a una conjunción de factores (herencias históricas, legales y sociales).
Además, el ciudadano medio de ese país se reafirma en su derecho a portar armas por imperativo legal, y esa creencia y costumbre es tan arraigada que quizá sea imposible de modificar. Ni los asesinatos de presidentes, ni las matanzas de niños inocentes en las escuelas, en las calles, aceras y parques de las ciudades, ni el alto índice de crímenes con uso de armas de fuego han podio cambiar el panorama. Y quizá nunca lo harán… es una lastra que ese gran país tiene que cargar por haber formado parte de su lucha por la libertad hace casi 240 años.
El precio de esa libertad ha salido caro, y todavía lo están pagando.