Políticas públicas de seguridad ciudadana: análisis y propuestas desde la Criminología (reseña)

políticas publicas y de seguridad

Fdo.: Dr. José Martínez Espasa

Doctor en Derecho y Licenciado en Criminología

El principal objetivo de la investigación ha sido verificar el estado del conocimiento criminológico en materia de creación, implementación, evaluación y difusión de las políticas públicas de prevención y reducción de la delincuencia, por parte de los Ayuntamientos.

Desde mi punto de vista, resulta muy importante el enfoque de política criminal preventivo y local adoptado aquí para una moderna seguridad ciudadana, propia de un Estado de Derecho. Y convencido del trabajo propio, directo e ineludible de los Ayuntamientos en seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.

La estructura del trabajo tiene cuatro. Podemos distinguir una primera parte general, que engloba desde la introducción hasta el modelo de política criminal, en el que hago especial hincapié en el municipio como centro receptor e impulsor de políticas preventivas.

Después se encuentra la parte especial, así como los apartados de resultados, conclusiones y un anexo con un glosario de palabras específicas.

La clasificación de los programas analizados ha tomado como referencia los veinte bloques temáticos del Foro Europeo de Seguridad Urbana (FESU) que desde 1987 es guía de conocimientos para autoridades y responsables de la seguridad local, generando una rigurosa investigación y conocimiento en la materia.

Los programas que he ido encontrando y clasificando de la forma mencionada son sometidos al análisis a través de los estándares del programa europeo Beccaria.

Nuestra definición parte de la base que las políticas públicas locales de seguridad ciudadana son todas aquellas acciones emprendidas y/o gestionadas por el poder público local en su municipio que tienen como objetivo incidir de manera directa y principal en la prevención y reducción del fenómeno delictivo en su conjunto o en alguno de sus aspectos o manifestaciones.

El marco de trabajo Beccaria –que es un programa europeo surgido en 2003- contempla siete estándares que, a su vez, se dividen en diversos apartados, con una serie de requisitos que deben cumplirse íntegramente para conseguir el mínimo de calidad fijado. Como indica el proyecto, la omisión o elusión de algún aspecto contemplado en el programa pone en cuestión el nivel cualitativo total.

Los siete pasos previstos son la descripción del problema, el análisis de las condiciones en que ha surgido el problema, el establecimiento de los objetivos de prevención, los objetivos del proyecto, los grupos destinatarios, la determinación de las medidas a adoptar para la consecución de objetivos, la concepción y ejecución del proyecto, la evaluación y las conclusiones y documentación.

Con ello conseguimos que la planificación, ejecución y evaluación de los diferentes programas de prevención del delito sigan estos criterios de calidad sustentados en la ciencia y la literatura especializada en la materia. También permitimos la evaluación por parte de los propios protagonistas del proyecto y ofrecemos la oportunidad a expertos externos, investigadores, profesionales, responsables políticos y cualquier otra persona de contar con una base para valorar la efectividad y calidad de los proyectos publicados.

De la muestra amplia de 104 políticas, la mayor parte de las mismas se sitúa a partir del año 2000. También es destacable el vacío existente en los años 90 del siglo XX sobre políticas de seguridad ciudadana.

Otro rasgo característico encontrado ha sido que la duración del 42% de los programas es de 24 meses o superior.

Desde una perspectiva territorial, Cataluña, Valencia y Madrid son las Comunidades que impulsan tres cuartas partes de las políticas públicas de seguridad.

Las ciudades que más políticas públicas de seguridad ciudadana impulsan son Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

La Comunidad y la ciudad de Madrid son las que impulsan las políticas públicas de seguridad ciudadana de mayor calidad y rigor científico, según BECCARIA.

Solamente 104 políticas han podido ser expuestas y solo hemos podido analizar 24 de ellas, de entre 400 municipios de más de 20.000 habitantes en España (INE, 2016) y 36 años de democracia, para tener una referencia.

La mayor parte de ellas están desposeídas de conocimientos científicos que hayan apoyado la decisión política y su implementación. Únicamente un 7% de las políticas públicas de seguridad ciudadana municipales en España se sustenta en datos empíricos y conocimientos científicos.

Sobre dicha muestra se realiza un análisis a través de los estándares de Beccaria de 24 de ellas, debido a la ausencia de información suficiente para realizar el análisis exigido en los siete pasos de calidad.

En el bloque de auditorías locales de seguridad la política analizada es el Consejo de Seguridad de la ciudad de Barcelona, de gran rigor y coherencia desde su creación en 1984 y que continúa vigente. En el apartado de la prevención de las drogas y las adicciones exponemos el análisis del plan de adicciones de la ciudad de Madrid 2011-2016. Por otro lado, es enormemente llamativa la ausencia de políticas públicas de seguridad ciudadana basadas en el deporte, el arte y la cultura. En la coordinación institucional, analizamos en este bloque la Comisión Comarcal de prevención de la seguridad local de la Marina Baixa (Alicante) en funcionamiento desde 2008.

Y en el tema de las nuevas tecnologías, copado en gran medida por las cuestiones relacionadas con los sistemas de videovigilancia, estudiamos el proyecto de videovigilancia del centro histórico de Málaga (2007).

En la política de lucha contra la violencia de género, repasamos el taller de “la máscara del amor” de Telde (Gran Canaria) de 2004 y el manual de buenas prácticas de intervención policial en violencia de género de la Policía Local de Valencia (2012).

El aspecto de la prevención situacional cuenta en España con el Atlas de la seguridad de Madrid.

En el bloque temático de la prevención de la reincidencia destacamos el proyecto Falprev (2012), impulsado por la Unión Europea y desarrollado por la Policía Local de Valencia.

El fracaso escolar y la prevención de la violencia en la escuela vienen de la mano de los agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid (2002).

La gestión del riesgo queda expuesta en el proyecto Valuesec de la Policía Local de Valencia (2014) y el Observatorio Sigeco de Tres Cantos (Madrid) del año 2015.

En el apartado de la Policía los casos estudiados han sido Valladolid (1995), Sant Boi de Llobregat (Barcelona) de 1998 y el Plan Madrid Seguro (2003).

En materia de mediación, hemos analizado los programas desarrollados en Sant Pere de Ribes (Barcelona) de 2002, Vila-real (Castellón) de 2004 y Valencia (2010).

En la temática de la participación ciudadana exponemos el programa de colaboración vecinal de Teulada-Moraira (Alicante) del año 2005.

La delincuencia organizada también cuenta con el proyecto Pol-Primett de la Policía Local de Valencia (2010), sobre prevención del robo de metales y cobre.

La violencia colectiva y, en especial las bandas juveniles, fue una experiencia trabajada en Barcelona con la recuperación social de las bandas latinas (2004).

El bloque temático titulado la ciudad de noche se engloba dentro de la prevención de adicciones y las drogas, pero atiende un aspecto muy concreto de la dinámica de la ciudad: el ocio nocturno. En España, se exponen los programas de ocio saludable de Madrid (2000) y el programa “Torrejón a tope” de Torrejón de Ardoz (2001).

En el tema del turismo y la prevención de la delincuencia, el plan Japón de Madrid (2005) es un interesante documento de referencia.

En el último aspecto de convivencia en el espacio público y diversidad social, el programa de gestión de la diversidad de la Policía Local de Fuenlabrada (Madrid) del año 2004, nacido del proyecto europeo STEPPS, es un buen ejemplo de política en dicho sentido.

Finalmente, se ha evidenciado la interrelación de contenidos de la mayoría de las políticas y programas de seguridad ciudadana expuestos. Por ejemplo, la gestión del riesgo y la colaboración pública y privada; o la ciudad de noche con las drogas y la participación ciudadana. Ello debe conducirnos a la conclusión de que la prevención de un fenómeno delictivo debe acometerse con una visión de conjunto, el trabajo de distintas instituciones y con distintas herramientas criminológicas.

Hay una ausencia de nivel y rigor científico que permita comparar resultados con otras políticas llevadas a cabo por otras Administraciones, o en fechas y lugares diferentes: dos tercios de los 24 programas evaluados de acuerdo a los estándares Beccaria no cuentan con una evaluación rigurosa (un 66,7%). También la concepción del proyecto (documentación, duración, plan, recursos, revisión) es un aspecto a mejorar notablemente ya que en un 62,5% de los programas documentados no se cumple.

Los programas de mayor rigor científico y metodológico son los programas relacionados con la prevención de adicciones (43%), donde incluimos el plan de adicciones y el de ocio alternativo madrileño y el programa de Torrejón de Ardoz.

Desde un punto de vista cuantitativo, destacan las políticas públicas sobre convivencia urbana, seguidas de la mediación, y la ciudad de noche y drogas. Estas dos últimas están íntimamente relacionadas ya que abordan la problemática de la droga y las adicciones con carácter general o específico de alternativa al ocio nocturno, respectivamente.

En sede de conclusiones finales debemos destacar que la política criminal y la seguridad ciudadana local deben encauzarse hacia la búsqueda de las evidencias científicas y en la comunicación directa con la sociedad. Debemos evitar el “copiar y pegar”.

El objetivo de la política criminal es mantener la delincuencia en márgenes tolerables dentro de la sociedad. La Criminología debe regirse como directriz de trabajo y evitar la politización oportunista de la seguridad ciudadana y el declive del modelo de reinserción social proclamado en la Constitución Española.

La comunidad científica y los trabajadores de la prevención de la delincuencia deben ganarse a la opinión pública y acceder a las vías de influencia de la política criminal. Para ello es necesario un discurso razonado, basado en la aproximación basada en la evidencia y en la comunicación directa con la sociedad.

Confirmamos las tres hipótesis de trabajo, a tenor de las cuales existen pocas políticas públicas de seguridad ciudadana en España desde 1979, la mayor parte de ellas carecen de sustento empírico y también adolecen de evaluación en la confección y desarrollo de las políticas públicas de seguridad ciudadana.

Mi propuesta para la mejora de las políticas de seguridad españolas a nivel municipal, además de aportar un punto de vista y un trabajo necesario de visibilización de políticas municipales, consta de seis aspectos.

La Criminología española está preparada para abordar la seguridad ciudadana y transmitir los conocimientos científicos a la sociedad, ya que contamos con un conjunto de científicos y de profesionales de la Criminología competentes. También es necesaria una reforma legal que dé salida profesional a los criminólogos y una mejor organización y política de comunicación.

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