Aproximación al fenómeno de la corrupción y panorámica mundial

mapa corrupción mundial

 Miriam Salvador García 

Doctora en Ciencias Económicas (UCM) 

Profesora de Derecho y Criminología (UCJC) 

 El pasado mes de Enero, la ONG Transparencia Internacional presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016. Este índice recoge una clasificación de 176 países según su nivel de corrupción, en función de la percepción que tienen los ciudadanos de dichos países y diversos especialistas y colectivos consultados por diferentes organismos internacionales.

Sirva la siguiente imagen para ilustrar la situación de España en este contexto. Se pueden distinguir en tonos rojos los países con un índice más bajo y por tanto, más corruptos y con tonos más claros y en amarillo, los países menos corruptos o con ausencia de corrupción.

Como se desprende del Informe de Transparencia Internacional, Dinamarca y Nueva Zelanda muestran las mejores posiciones, con puntuaciones de 90, seguidas de cerca por Finlandia (89) y Suecia (88). Si bien ningún país está exento de corrupción, los países en el extremo superior comparten características comunes de gobernanza, respeto por los derechos y libertades de los ciudadanos y separación de poderes. En el extremo contrario encontramos el caso de Somalia con el peor resultado del índice, 10 puntos, seguido principalmente por Corea del Norte (12) y Siria (13). La corrupción a estos niveles redunda en violaciones de derechos humanos, frena el desarrollo sostenible y favorece la exclusión social.

La ONG internacional dedicada a combatir la corrupción, sitúa a España, al igual que en el año 2015, con 58 puntos sobre 100, con esta puntuación se puede aceptar que España no tiene corrupción sistémica, como ocurre en un gran número de países, sin embargo destaca por los múltiples escándalos de corrupción política y obtiene el peor resultado, si nos comparamos con el resto de países de la UE. En este sentido, España es el país donde más ha crecido la percepción de la corrupción en los últimos cinco años. Es cierto que la crisis económica ha elevado el nivel de exigencia social, y aunque la justicia viene cumpliendo su función, a pesar de su lentitud, se ha generado desde finales de 2009 un alto nivel de alarma social. Con todo esto, la desigualdad crece y los esfuerzos por salir de la crisis no son eficaces a juicio de la mayoría de los ciudadanos consultados. La comparación con los países de nuestro entorno empieza a ser preocupante por la falta de reacción, a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea.

Una vez revisados los resultados de Transparencia Internacional, realizaremos una aproximación al concepto y la tipología de este alarmante fenómeno.

Comencemos por afirmar que parece existir unanimidad al entender la corrupción, al menos en el contexto en el que estamos situados, como abuso del poder público para obtener determinados beneficios para uno mismo o para personas cercanas (o partidos, grupos, etc.). También puede afirmarse que toda conducta corrupta supone deslealtad o traición del agente a su principal aprovechando, obviamente la existencia de una clara asimetría en la información. En el ordenamiento español, la definición o idea de corrupción se ve reflejada en el Código Penal, en la figura del cohecho (artículos 419 a 427), en la de malversación (arts. 432-435), en el tráfico de influencias (art. 428-430) y en la de blanqueo de capitales (art. 301). Especialmente el artículo 419 se corresponde, casi al pie de la letra, con la definición de corrupción que, como hemos dicho, se acepta de forma casi unánime por cuantos se adentran en el estudio de este tema.

En cuanto a los tipos de corrupción debemos aclarar, en primer lugar, que más que hablar de tipos de corrupción nos planteamos considerar el conjunto de delitos, que de una forma u otra, emanan o son a la vez causa o consecuencia de ella, que de alguna manera actúa como envolvente de ese conjunto. Podríamos interpretar, como hace el profesor Fernández Díaz, que esos delitos serían como las caras del Decaedro, que como es bien sabido constituye uno de los poliedros irregulares, y posee diez caras, dieciséis vértices y veinticuatro aristas.

Las diez caras a las que nos referimos corresponden a un amplio conjunto de actividades y conductas delictivas que tienen como ingrediente básico la corrupción. La relación de esas actividades delictivas que se ha considerado más completa y representativa es la siguiente: financiación del terrorismo, criminalidad organizada, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, blanqueo de capitales, corrupción en el sector público y financiación de los partidos, fraude fiscal, economía sumergida, y contrabando y tráfico ilícito de mercancías.1

Resulta evidente que los diez puntos señalados son delitos que revisten diferente gravedad y orígenes, pudiendo hablar, por una parte, de dinero sucio (dirty money) para los casos de financiación del terrorismo, criminalidad organizada, tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de personas, y de dinero negro (black money) para el blanqueo de capitales, la corrupción en el ámbito público y la financiación de los partidos políticos, el fraude fiscal, la economía sumergida y el contrabando y tráfico ilícito de mercancías.

Además de la amplia clasificación que acabamos de considerar, puede hablarse de otros criterios que permiten distinguir entre tipos o clases de corrupción. Tal es el caso de Bardhan, que lleva a cabo sendas distinciones teniendo en cuenta criterios diferentes. Así, en primer lugar nos habla de la existencia de una corrupción pública y, por supuesto, de una corrupción privada, poniendo ejemplos ilustrativos al efecto. De igual forma distingue entre corrupción política y corrupción económica, en función del tipo de beneficio que se reciba a cambio, añadiendo una tercera, muy importante, al considerar que cabe la existencia de una corrupción colusoria o centralizada, frente a la modalidad de corrupción descentralizada, afirmando que la primera, en la que se actúa de forma conjunta, tiene menos consecuencias adversas sobre la eficacia, que si los funcionarios corruptos actúan como un monopolista independiente, pues en este segundo caso el precio individual del soborno sería mayor.2

Seguiremos profundizando sobre este mal endémico de nuestra sociedad que destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en el estado de derecho.

1 FERNÁNDEZ DÍAZ, Andrés. (2013b): pp. 11-12

2 BARDHAN, Pranab (1997): pp. 1320-1322.

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  1. Patricia Cerrajero

    Visto en el mapa parece que ningún país se salva de la corrupción